Esta ficha de política fue elaborada por Anahí Bermúdez en el marco del Concurso Etcétera 2023, organizado por el Centro de Estudios Etcétera y la diaria, con el apoyo de la Asociación de Docentes de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República. El jurado le otorgó la mención a Políticas de Vivienda.
Esta segunda edición del Concurso Etcétera estuvo centrada en la elaboración de propuestas de política pública para contribuir a enriquecer el debate sobre las políticas necesarias para avanzar en el desarrollo con equidad del Uruguay.
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Resumen ejecutivo
En las agendas para el desarrollo se suele plantear una falsa dicotomía entre temas ambientales y la necesidad de saldar previamente aspectos socioeconómicos de la población; las políticas habitacionales, aunque frecuentemente de menor centralidad programática, tienen un fuerte impacto en ambos aspectos. Por un lado, las condiciones de la vivienda y el hábitat impactan de forma directa la calidad de vida y acceso a servicios y oportunidades de la población, mientras que sus altos costos asociados usualmente afectan el margen de ingreso disponible para los costos de vida del hogar. Y por otro, las formas de desarrollo territorial resultantes de la inelasticidad de los mercados inmobiliarios impactan el crecimiento urbano, el uso de recursos para ello y el consumo de suelo productivo y ecosistemas específicos innecesariamente.
La presente propuesta apunta a la construcción de un stock relevante y acumulativo de vivienda en alquiler asequible y de calidad en áreas consolidadas de ciudades y centros poblados, redensificando áreas deseables. Esto se propone mediante la financiación a través de Participación Público-Privada, con costos directos presupuestales para el Estado bajos y contenidos dentro de los presupuestos quinquenales, donde el pago de los proyectos a largo plazo resulte sostenible financieramente mediante el cobro de los alquileres asociados.
Esto redunda en un sistema efectivo como política pública y sostenible presupuestalmente, que constituya una verdadera Política de Estado en Vivienda Social a largo plazo.
